Por Demian Chávez.
En los pasados meses eventos que se han convertido en mediáticos llaman poderosamente la atención y exhiben la vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad dedicada a las artes.
Primero, la denuncia pública de la artista Fausto Gracia frente a un acto de discriminación durante el periodo de su exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. De esta protesta resultó un taller de sensibilización por parte de la Defensoría de mis Derechos Humanos de Querétaro, pero olvidaron capacitar en contra la LGBTfobia; para ello la artista convocó a Foros de Diálogo Abierto “Horizontes Posibles” para la comunidad artística y que tienen como objetivo entre otros, desarrollar propuestas para revertir las prácticas de poder que vulneran la comunidad de las artes. Al momento se encuentra caminando el serial de foros.
Segundo, el ataque que sufrió la artista visual Martha Priego cuando se dirigía a la Alameda Hidalgo en donde realizaba la obra pictórica en homenaje a la cartógrafa mexicana María Salguero en vísperas del Día Internacional de la Mujer por parte de un conductor cuando ella se trasladaba en bicicleta a concluir la elaboración de su pieza pictórica. A la artista el atacante la ahorcó a la vez que le espetó “No por ser mujer no te voy a romper tu madre”. Ya en la agencia especializada en delitos contra la mujer la fiscal no le quiso abrir carpeta argumentando que era un hecho de tránsito y no intento de feminicidio. Al final la artista y su defensora lograron abrir la averiguación previa y el agresor detenido.
El tercero será la denuncia pública de violencia médica recibida por el artista Valerio Gamez al interior del Hospital General, cuando ya canalizado, y minutos antes de ser operado de una hernia inguinal simplemente le fue negado el servicio por razones de seguridad del personal ya que el artista es sero positivo. El médico sabía de la condición de salud del paciente. La actuación de la Secretaria de Salud fue inmediata ante la ola mediática en redes y notas periodísticas. Le reprogramaron la atención para una semana después.
Y cuarto es la protesta artística-pacífica ejercida por miembros de la comunidad teatral del estado en la Plaza de Armas durante el Día Mundial del Teatro ante la falta de diálogo, apoyos y claridad en el ejercicio presupuestal por parte de la SECULT.
Después de la protesta mediática una semana antes de la Plaza de Armas, hubo un encuentro organizado por la Secretaría de cultura se convirtió en un diálogo en el que no se concluyó absolutamente nada y quedó abierta esa ventana. Tan es así, que durante la protesta en la Plaza de Armas se podía leer sobre unas sillas un cartel que describía “es para lo que me alcanzó” y hacía mención que de los 100 mil pesos distribuidos entre 500 personas de la comunidad de teatral, tocaba de 200 pesos por persona como apoyo (pago) durante la celebración del Día Mundial del Teatro. Este pago es menor a lo que de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) deberá ser de 207.44 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2030.
Podríamos resumir que las violencias van desde el institucional, la particular, la salud pública pero en resumen en todas hay una constante, la comunidad del arte se encuentra ante la indefensión de las diferentes violencias que se han normalizado y parecieran importarle poco o nada a las instituciones. No es sino hasta las que hay una exhibición impactos mediáticos negativos que las instituciones toman cartas en el asunto.
A lo largo de la vida cultural del estado, diferentes artistas de variadas disciplinas han terminado sus días en el olvido y los que mejor pueden son rescatados por sus amigos de las condiciones indignas en las que viven.
Durante este mes de marzo, la diputada federal Paulina Aguado quien rindió su informe de actividades legislativas, propuso ante el Congreso de la Unión la iniciativa del proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción quinta al artículo 12, de la Ley del Seguro Social.
En la exposición de motivos enuncia que “esta iniciativa busca implementar el ejercicio de cualquier actividad laboral, en el caso particular de los artistas y prestadores de servicios culturales, ya sea que trabajen en el ámbito público o privado, debe tenerse presente que ésta debe estar orientada, a la seguridad social, como principio base.Por ello, el presente proyecto propone modificar la Ley General del Seguro Social, adicionando una fracción con el fin de armonizar su texto y darle garantías a las personas que se dedican a las actividades culturales a lo largo y ancho del país, creando en el futuro un Programa de Seguridad Social para artistas, gestores culturales y cualquier grupo de personas que desarrollen actividades a favor de la cultura. El Estado mexicano está en deuda con dicho gremio, pues no son beneficiarios del Seguro Social, ni del régimen de pensiones ni afores. Teniendo un grave problema al ser trabajadores eventuales, ya que no están en una nómina de forma duradera, por tanto, cuando llegan al final de su carrera profesional, las oportunidades de trabajo son menores y las posibilidades de ahorrar dinero son muy pequeñas. Si bien existe por una parte la Ley del Seguro Social una amplia regulación, el sector cultural no es enunciado, ni tampoco considerado como trabajador pleno de derechos sociales”.
Este podría ser apenas un pequeño escalón para construir una calidad digna a las personas que integran la comunidad del arte. Pero poco interés se observa para actualizar las políticas públicas en el estado. Aunado a ello, desde las instituciones educativas públicas y privadas, en sus planes de estudio poco se habla de los derechos laborales, obligaciones fiscales, derechos humanos o de salud pública; como si estos fueran un ente que transita en paralelo a la formación de los artistas y estuviera supeditado a los posgrados. Por ello, la comunidad del arte parece estar a merced de las violencias que hemos normalizado, pensando en la bucólica idea del artista que vive al límite.
